Sistemas informáticos basura

Con una inversión millonaria, el Estado no logra garantizar quién accede a los datos ni cómo funcionan las herramientas de gestión.

La modernización del Estado suele presentarse como una garantía de eficiencia, transparencia y mejores servicios para la ciudadanía. Sin embargo, cuando la tecnología se implementa sin mecanismos de control, planificación o resguardo de la información, el efecto puede ser el opuesto: una estructura opaca que pone en riesgo tanto los fondos públicos como la seguridad de los datos de los vecinos. Un reciente informe de la Auditoría ha puesto la lupa sobre la gestión tecnológica del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, revelando un escenario de descontrol administrativo y técnico en áreas sensibles para el funcionamiento cotidiano de la Ciudad.  El documento detalla fallas estructurales en la Dirección General de Monitoreo y Sistemas (DGMYS), el organismo encargado de administrar la infraestructura informática que permite, entre otras tareas, supervisar la recolección de basura, controlar las flotas de vehículos oficiales y gestionar las infracciones. Según el relevamiento oficial, estas plataformas operan hoy bajo una "ausencia de gobernanza tecnológica formal", lo que impide saber con certeza si los objetivos para los que fueron creadas se están cumpliendo. 

Millones sin brújula: el costo de la falta de control.

El aspecto presupuestario es uno de los puntos que más alarma genera en el análisis del informe de la Auditoría. Para su funcionamiento operativo, la dirección analizada contó con un presupuesto de $474 millones de pesos, a los que se suman asignaciones superiores a los $752 millones de pesos destinados exclusivamente al mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas informáticos. A pesar de esta inversión que supera los mil millones de pesos en conjunto, el Estado no ha podido documentar formalmente qué resultados producen estas herramientas.  La investigación resalta que no existen indicadores de satisfacción de los usuarios ni documentación que identifique con claridad a los responsables de cada área. Esta carencia no es un mero detalle administrativo: sin metas claras ni responsables asignados, el seguimiento de los proyectos se vuelve imposible, abriendo la puerta a decisiones discrecionales y a un uso ineficiente de los recursos de todos los ciudadanos.

Datos en riesgo y falta de trazabilidad:

Quizás el hallazgo más inquietante del informe de la Auditoría sea la vulnerabilidad de la seguridad informática. Los sistemas analizados procesan información clave a través de plataformas como SAP, Oracle, GIRE y SIGEP, además de herramientas de monitoreo geográfico como QGIS y Power BI. Sin embargo, el organismo no cuenta con políticas formalizadas para la gestión de riesgos ni con marcos normativos que protejan efectivamente los datos de los ciudadanos.  El relevamiento oficial es tajante: no existen registros que garanticen la trazabilidad de quién entra a los sistemas o qué operaciones realiza. En términos prácticos, esto significa que la integridad de la información está comprometida. Si un dato es alterado o si ocurre una filtración de información sensible, el Estado carece de las herramientas técnicas para determinar la causa o identificar al responsable. La falta de manuales de uso actualizados y de diagramas de red agrava esta situación, dejando a la infraestructura tecnológica en un estado de desprotección frente a posibles fallas o ataques externos. 

Tecnología obsoleta y desidia técnica:

El informe de la Auditoría también denuncia una alarmante falta de mantenimiento técnico básico. Se detectó el uso de tecnologías que ya no cuentan con soporte por parte de sus fabricantes, lo que incrementa exponencialmente los riesgos operativos y dificulta cualquier intento de recuperación ante una caída del sistema. A esto se suma la inexistencia de inventarios de equipamiento y la falta de procesos formales para el control de cambios en el software.  Estas herramientas son, en esencia, el "corazón" del control del espacio público. De ellas depende que un camión de basura cumpla su ruta, que una inspección se realice de forma justa o que el mantenimiento urbano sea efectivo. El informe oficial sugiere que, al operar sin planificación ni seguridad, lo que termina fallando no es solo una computadora, sino la capacidad misma del Estado para garantizar servicios eficientes a la comunidad.

El impacto social del vacío de gestión:

La conclusión que se desprende del relevamiento oficial trasciende lo técnico para entrar en el terreno de los derechos sociales. El uso de recursos públicos en sistemas que carecen de control formal deja un espacio vacío que suele ser aprovechado por intereses privados. El informe advierte que esta falta de rigor permite que empresas prestatarias puedan utilizar la información de la ciudad según su conveniencia, priorizando sus ganancias por sobre el bienestar y la seguridad de los vecinos. En última instancia, el informe de la Auditoría deja una pregunta abierta sobre la responsabilidad de quienes deben custodiar el patrimonio público: ¿De qué sirve invertir millones en tecnología si el Estado no puede garantizar cómo funciona ni a quién beneficia realmente?. Sin una reforma profunda en la gobernanza de estos sistemas, la digitalización del espacio público seguirá siendo una fachada moderna para viejas fallas estructurales.