La auditoría detectó desorden administrativo, falta de planificación y deficiencias en la protección del patrimonio cultural, como en el caso de la Orquesta Juvenil del Sur.
Nadie cuida la cultura
Un informe oficial advirtió que el Programa Cultural en Barrios funciona con un marco normativo de los años 80, presenta serios problemas edilicios en sus sedes y carece de controles adecuados sobre recursos y contrataciones. Las falencias ponen en riesgo una de las políticas culturales más extensas de la Ciudad.
Desde mediados de los años 80, el Programa Cultural en Barrios constituye una de las principales políticas públicas de acceso gratuito a la cultura en la Ciudad de Buenos Aires. Con talleres de música, teatro, danza y artes visuales distribuidos en distintos barrios, su objetivo fue históricamente descentralizar la oferta cultural y acercarla a sectores que, de otro modo, quedarían excluidos. Sin embargo, un informe reciente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires reveló que el programa funciona hoy con serias debilidades estructurales.
El relevamiento, centrado en la gestión del año 2023, señala que la normativa que regula el programa no fue actualizada desde su creación, hace casi cuatro décadas. Esta falta de adecuación normativa tiene consecuencias directas: no existen objetivos formalmente definidos, no hay criterios claros para la creación o cancelación de talleres, ni metodologías consistentes para registrar la cantidad de asistentes. La planificación, concluye el informe, se desarrolla sin parámetros sólidos.
Estas carencias normativas se reflejan en la gestión cotidiana. La auditoría detectó legajos incompletos tanto de talleristas como de personal no docente, con ausencia de documentación básica. Esta situación impide ejercer controles elementales sobre quienes integran el programa y debilita los mecanismos de responsabilidad administrativa. También se observaron falencias en los procedimientos de contratación, que carecen de estandarización y trazabilidad suficientes.
Uno de los casos más significativos señalados por el informe es el de la Orquesta Juvenil del Sur. El proyecto funciona sin un acto administrativo que establezca formalmente su creación, sus objetivos o sus metas. A esto se suma una gestión deficiente de los instrumentos musicales: el inventario oficial no coincide con los bienes efectivamente disponibles, los instrumentos no cuentan con seguro y se almacenan en condiciones inadecuadas para su conservación. Además, no hay un responsable designado para el cuidado de ese patrimonio.
El estado edilicio de los centros culturales constituye otro foco de preocupación. El informe menciona problemas graves de mantenimiento en sedes como Barrio Rivadavia, Barrio Copello y el CEPNA, con deficiencias de higiene y sanitarios en muy mal estado. En centros como Del Bajo Flores, La Usina y los ya mencionados se registran filtraciones de humedad, mientras que en Copello y CEPNA los sistemas de calefacción representan un riesgo para quienes utilizan las instalaciones.
La auditoría también advierte que, en todos los centros culturales relevados, los baños son compartidos por adultos y niños. La ausencia de normas específicas de supervisión por parte del programa configura un escenario de riesgo que no cuenta con protocolos claros de prevención.
A estas deficiencias se suma la falta de recursos para el funcionamiento cotidiano. El informe indica que no existe una partida presupuestaria específica para la compra de insumos básicos ni para el mantenimiento edilicio. En la práctica, muchos talleristas —y en algunos casos los propios asistentes— terminan cubriendo esos gastos con recursos propios para sostener las actividades.
La relación con los centros culturales asociados, que no dependen directamente del Gobierno pero integran el programa, también presenta debilidades. No hay criterios uniformes para su incorporación, ni convenios formales firmados en todos los casos, ni reglas claras sobre responsabilidades. Esta falta de formalización genera opacidad y dificulta el control.
El informe concluye que, aunque el Programa Cultural en Barrios sigue siendo una herramienta valiosa por su alcance territorial y su gratuidad, las falencias detectadas son estructurales. Sin una actualización normativa urgente, sin planificación clara y sin controles administrativos robustos, una política cultural clave para la inclusión corre el riesgo de deteriorarse progresivamente. La cultura en los barrios, advierte la auditoría, no puede sostenerse indefinidamente sobre normas de los años 80 y edificios en condiciones precarias.
