Un informe oficial detectó que la Ciudad de Buenos Aires no gestiona adecuadamente su flota vehicular: la mayoría de los vehículos supera la antigüedad permitida, hay falta de documentación clave y vacíos de control internos, todo esto pese al enorme peso logístico que representa la flota del Estado.
El desastre de la flota oficial porteña
Un parque automotor envejecido, mal controlado y fuera de normativa.
La flota vehicular del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (esa interminable columna de autos, camionetas y camiones que circulan por calles y avenidas todos los días) no está tan a punto como parece. Un informe oficial divulgado por la Auditoría de la Ciudad reveló fallas graves en la gestión de ese parque automotor, desde el estado y la antigüedad de los rodados hasta los mecanismos de control interno que deberían garantizar su funcionamiento eficiente y seguro.
Según el documento oficial, la auditoría se realizó sobre la gestión de la Dirección General de Gestión de la Flota Automotor durante el ejercicio fiscal 2022 y evaluó si se cumplió con los objetivos institucionales, operativos y normativos previstos para un programa de este tamaño y costo. Lo que encontró pone en duda la capacidad real del Estado porteño para administrar un sistema tan complejo y central en su operación diaria.
Uno de los hallazgos más inquietantes refiere a la edad de los vehículos oficiales. Del total de automotores incluidos en la flota -más de dos mil unidades, entre livianos y pesados- un porcentaje alarmantemente alto excede el plazo de antigüedad permitido por la normativa vigente. Esto no solo afecta la eficiencia operativa, sino que representa un riesgo potencial para la seguridad vial y la integridad de quienes circulan en esos vehículos y en su entorno.
La normativa local establece límites para la antigüedad de los vehículos oficiales con la idea de asegurar que no se use maquinaria obsoleta o con mayores probabilidades de fallas. Sin embargo, el informe oficial detectó que la gran mayoría de los rodados no cumple con ese requisito, lo que apunta a un incumplimiento sistemático de las normas que rigen la materia.
Pero no es sólo una cuestión de edad. La auditoría encontró vacíos importantes en la documentación y el control de la flota. Por ejemplo, no hay registros actualizados y confiables sobre el estado técnico de cada unidad, ni se garantiza que todos los vehículos cuenten con la documentación legal mínima exigida –como la Verificación Técnica Vehicular (VTV) al día- que certifique su aptitud para circular. En algunos casos la información disponible es incompleta o contradictoria, lo que impide una supervisión eficaz del parque automotor.
Estas deficiencias también se reflejan en los procesos administrativos vinculados a la gestión de la flota. El informe detalla que no se dispone de un sistema consolidado para controlar exhaustivamente el estado de cada vehículo, ni se ejercen de manera adecuada las funciones de supervisión interna necesarias para garantizar que los recursos asignados se utilicen de forma eficiente y conforme a la normativa.
El estado de la flota oficial tiene consecuencias directas en múltiples áreas de la gestión pública. No se trata solo de que patrulleros, ambulancias o vehículos administrativos tengan que responder con rapidez ante emergencias o necesidades operativas, sino también de la imagen institucional de la Ciudad, que presenta equipos desgastados, mal documentados y sin el control adecuado de sus datos básicos.
En otros países y jurisdicciones, la gestión de la flota estatal suele ser un indicador de eficiencia operativa y planificación estratégica. Allí, la antigüedad y el mantenimiento de los vehículos se vinculan directamente a políticas de seguridad, reducción de costos y optimización de recursos. En cambio, en la Ciudad de Buenos Aires, la falta de registros claros, la obsolescencia de los autos y la ausencia de controles robustos denuncian un abandono del cuidado de un activo fundamental para el funcionamiento del Estado.
El informe oficial plantea, además, que estas deficiencias ponen en riesgo la transparencia del gasto público. El manejo de vehículos estatales representa un costo significativo para el presupuesto porteño, e incluir unidades con defectos de documentación o fuera de norma puede implicar gastos mayores en mantenimiento, infracciones y riesgos operativos innecesarios.
Ante este cuadro, la auditoría recomienda recomponer los sistemas de información sobre la flota, actualizar y depurar los registros de cada unidad, cumplir con la normativa vigente sobre antigüedad y documentación vehicular, y fortalecer los mecanismos de supervisión interna para asegurar que los recursos públicos se administren con eficiencia y seguridad.
En síntesis, detrás de la aparente normalidad de los autos oficiales que vemos transitando por la Ciudad hay un sistema que exhibe grietas importantes: flota vieja, control deficiente y gestión sin trazabilidad clara. Un dato que, según el informe, debería exigir respuestas y medidas urgentes por parte de los responsables de la administración pública local.
