Alquileres dolarizados, subsidios insuficientes y exclusión de los más vulnerables: un informe del Ministerio Público de la Defensa alerta sobre la falta de políticas efectivas.
Crisis habitacional en la Ciudad
El acceso a la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires se ha convertido en un privilegio inalcanzable para miles de personas. Mientras el mercado inmobiliario avanza hacia la dolarización y el alquiler temporario, un relevamiento oficial expone cómo las mujeres jefas de hogar, los adultos mayores y la población trans quedan al margen del sistema, recibiendo subsidios que no cubren ni una semana de alojamiento.
La Ciudad de Buenos Aires, el distrito con mayores recursos del país, enfrenta una fractura social profunda en torno al derecho fundamental a la vivienda. Un exhaustivo trabajo de investigación realizado por el Ministerio Público de la Defensa (MPD) pone en evidencia que las políticas públicas actuales son insuficientes y, en muchos casos, regresivas frente a un mercado desregulado y excluyente.
El informe detalla cómo la "inquilinización" de la Ciudad —el proceso por el cual cada vez menos personas son propietarias y más dependen del alquiler— se ha agravado por el avance de las plataformas de alquiler temporario y la dolarización de la oferta. En este escenario hostil, los grupos con mayor vulnerabilidad social son los primeros en ser expulsados hacia la informalidad, el hacinamiento o la calle.
Jefas de hogar y la trampa de la pobreza:
La situación de las mujeres en los barrios populares es crítica. Según los datos analizados, el 80% de las jefas de hogar con tenencia precaria de su vivienda percibe ingresos de hasta dos salarios mínimos. En las villas, el 67% de los inquilinos relevados son mujeres, sobre quienes recae exclusivamente la carga del pago del alquiler. Sin capacidad de ahorro ni garantías formales, estas familias quedan atrapadas en un círculo de precariedad habitacional donde el hacinamiento crítico afecta gravemente su calidad de vida y salud.
Adultos mayores: jubilaciones que no alcanzan:
Otro sector golpeado es la tercera edad. El informe destaca que la jubilación mínima no permite cubrir las necesidades básicas ni acceder a un alquiler formal. Frente a esto, el subsidio habitacional específico, como el programa "Vivir en Casa", resulta irrisorio: los montos otorgados (que rondaban los $9.800 al momento del relevamiento) son absolutamente insuficientes frente a costos de hoteles que superan los $45.000 mensuales o alquileres formales que duplican esa cifra. "El adulto mayor, en general, está solo", advierten desde el MPD, señalando que la falta de redes de contención agrava el riesgo de terminar en la calle o en paradores que no están preparados para esta franja etaria.
Discriminación estructural:
Para la población travesti-trans, la barrera no es solo económica, sino discriminatoria. Con una expectativa de vida que apenas llega a los 40 años, la mayoría vive hacinada en hoteles sin condiciones mínimas de salubridad, donde a menudo hay un solo baño para 30 personas. El informe denuncia una "omisión discriminatoria" por parte del Estado: no existen políticas de cupo ni facilidades reales para que este colectivo acceda a una vivienda digna, obligándolas a pagar sobreprecios en el mercado informal para "ser aceptadas".
El panorama descrito por el MPD es el de una ciudad fragmentada, donde la falta de regulación sobre el mercado inmobiliario y la insuficiencia de los subsidios estatales empujan a los sectores más frágiles a los márgenes. Sin una política de vivienda que contemple estas desigualdades estructurales, la "ciudad más rica" seguirá siendo una ciudad de puertas cerradas para quienes más la necesitan.
