La Auditoría de la Ciudad detectó que casi la mitad de las escuelas especiales carecen de los cargos docentes necesarios, que hay normativa desactualizada y que faltan explicaciones sobre el uso de más de 500 millones de pesos del presupuesto. También halló modificaciones no publicadas en el Boletín Oficial.
La Educación especial sin docentes ni transparencia
Un informe oficial reveló graves falencias en la gestión del área más sensible del sistema educativo porteño.
La Educación Especial es uno de los pilares para garantizar el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Sin embargo, un informe reciente de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires expuso un panorama preocupante: desorganización, falta de personal, escasa transparencia y serias irregularidades en el manejo de los fondos.
El relevamiento muestra que casi un 50% de las escuelas especiales relevadas tienen cargos docentes pendientes de creación. Esto significa que casi la mitad de las instituciones no cuentan con el personal necesario para atender las necesidades de su comunidad educativa. A esto se suman inconsistencias entre lo que dice el Estatuto, la planta orgánica, los padrones oficiales y la realidad de las escuelas. En la práctica, estas diferencias se traducen en aulas sin la cantidad de docentes adecuada y en mayores dificultades para brindar una educación de calidad.
La auditoría también encontró que la normativa vigente en el área está desactualizada, lo que genera vacíos y confusión sobre la organización y el funcionamiento de las instituciones. La ausencia de criterios unificados impide planificar y coordinar de manera eficiente.
El capítulo presupuestario del informe es igualmente grave. Hay una diferencia de 527 millones de pesos en el rubro “gastos en personal” del programa de Educación Especial que no pudo ser justificada. Estos fondos, que deberían destinarse a salarios y mejoras del servicio, no tienen respaldo documental que explique su uso. Para un área que trabaja con una de las poblaciones más vulnerables, esta falta de rendición de cuentas es particularmente alarmante.
Además casi 20 actos administrativos vinculados a modificaciones presupuestarias nunca fueron publicados en el Boletín Oficial, incumpliendo las normas básicas de transparencia y acceso a la información pública. Otro dato que preocupa es la falta de planificación a largo plazo. No se encontraron estrategias concretas para resolver la escasez de cargos docentes, ni para actualizar la normativa, ni para mejorar la infraestructura y los recursos de las escuelas especiales.
Entonces la calidad de la educación se ve afectada porque el personal se sobrecarga y se limita la inclusión real de los y las estudiantes. La auditoría concluye que la deuda con la inclusión en el ámbito educativo porteño es sostenida en el tiempo. Garantizar calidad implica mucho más que discursos, ya que requiere de pura transparencia, tener personal suficiente, contar con presupuesto controlado y gestionar políticas públicas coherentes. El informe advierte que, sin cambios estructurales, las condiciones seguirán deteriorándose y la inclusión seguirá siendo una promesa incumplida.
