La inclusión es una ilusión

Una auditoría reciente expuso con contundencia lo que miles de personas con discapacidad viven a diario en la Ciudad de Buenos Aires: el Gobierno porteño incumple la Ley 1502. La misma establece un cupo laboral del 5% en el empleo público para personas con discapacidad. A casi 20 años de su sanción, no solo no se ha alcanzado esa meta, sino que las cifras muestran un retroceso alarmante.

 

Durante 2022, el porcentaje de personas con discapacidad empleadas en el sector público fue del 1,2%. En 2023, la cifra cayó aún más: apenas 0,9%, la más baja desde que se realiza este seguimiento. Estos números muestran un patrón persistente de incumplimiento que afecta derechos fundamentales.

 

El informe detalla varias irregularidades que impiden el cumplimiento efectivo de la norma y esto, resalta la Auditoria, es una consecuencia de falta de voluntad por parte del Gobierno. Una de las más graves es la ausencia total de registros de personas con discapacidad en organismos clave como la Policía de la Ciudad y el Instituto de Vivienda de la Ciudad.

 

Quienes logran ingresar a la administración pública suelen ser ubicados en los puestos más bajos del escalafón, sin posibilidades reales de desarrollo profesional. La auditoría también constató la inexistencia de planes de capacitación, adaptación de puestos de trabajo o mecanismos de promoción interna que garanticen igualdad de oportunidades.

 

No hay obstáculos legales ni técnicos que impidan cumplir la Ley 1502. Lo que falta es voluntad política y una estrategia institucional para revertir esta situación de exclusión sistemática.

 

El informe señala que, en 2022, sobre un total de 139.545 agentes en planta permanente, solo 1.680 eran personas con discapacidad. En 2023, con una dotación de 144 mil trabajadores, esa cifra descendió a 1.295. El cumplimiento efectivo se ubicó así muy por debajo del mínimo exigido por la ley, consolidando un escenario de retroceso.

 

Más allá de los números, lo que muestra la auditoría es una exclusión sistemática que trasciende el empleo público. La falta de accesibilidad en edificios, transporte, espacios culturales y escuelas especiales, sumada a recortes en programas educativos y sociales, dibuja un panorama generalizado de desatención. Este informe en especial habla sobre el empleo público, dejemos el párrafo si sumamos datos de otros informes, de educación y cultura, sino saquémoslo.

 

Esta exclusión se expresa en la falta de acciones afirmativas concretas, en la precariedad de los pocos puestos disponibles y en la ausencia de herramientas que permitan a las personas con discapacidad integrarse de forma real y digna al mundo del trabajo. El incumplimiento de la Ley 1502 es una violación de derechos y la Constitución de la Ciudad es clara, se debe garantizar un cupo laboral del 5%, con mecanismos concretos que promuevan la integración. Hoy, ese derecho sigue siendo una deuda.

 

Cada punto porcentual que no se cumple representa cientos de empleos que no fueron asignados, trayectorias que no comenzaron, vidas que quedaron al margen. Lo que debió ser una herramienta de reparación y equidad se convirtió en una promesa incumplida.

 

La inclusión laboral no puede seguir siendo una ilusión. Mientras el Estado no asuma su rol ejemplificador, seguirá consolidando una cultura institucional que discrimina por omisión y condena a miles a la invisibilidad.