Millonaria transferencia económica para las escuelas privadas de la Ciudad presenta serias irregularidades
El GCBA subsidia a los que más tienen
Según el Boletín Oficial, el Ministerio de Educación aprobó la transferencia de más de $22.500 millones, garantizando estos desembolsos de manera automática a la educación privada. Mientras tanto, las escuelas públicas siguen enfrentando graves problemas estructurales.
Docentes y familias denuncian falta de calefacción, techos que se caen y demoras en la entrega de insumos básicos, como libros y material didáctico. Estas problemáticas han sido señaladas en múltiples ocasiones por sindicatos docentes, organizaciones de padres y distintas coberturas periodísticas. Además, no se informa si se realizó algún análisis de necesidades para justificar la asignación de estos fondos.
Según el documento, los montos fueron transferidos directamente a la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP) y depositados en cuentas del Banco Ciudad, siguiendo un esquema que se repite todos los años sin revisión ni auditorías detalladas. En 2022, un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires alertó sobre la falta de controles en el destino de los fondos educativos. A pesar de reclamos de legisladores y sindicatos, el esquema de financiamiento automático a la educación privada no ha sido sometido a una auditoría integral en la última década. Esta situación plantea interrogantes sobre la transparencia del uso de estos recursos y la falta de controles efectivos sobre el destino final del dinero.
El mecanismo de subsidios a la educación privada funciona de manera automática, sin que se especifique si existen criterios de equidad o rendimiento, impacto educativo o evaluación del desempeño institucional. A diferencia de la educación pública, que sufre recortes y postergaciones en la ejecución presupuestaria, el financiamiento de las instituciones privadas se garantiza sin mayores cuestionamientos.
Además, la resolución no informa si el desembolso de estos fondos afecta otras partidas presupuestarias, como el mantenimiento de escuelas públicas o la inversión en infraestructura escolar. En este contexto de crisis económica, la asignación de recursos públicos debería ser debatida con mayor profundidad y con criterios claros de equidad.
Mientras tanto, docentes y familias de la educación pública siguen reclamando mejoras urgentes. Sin embargo, la Ciudad continúa priorizando el financiamiento de la educación privada, mientras sus propias escuelas enfrentan una crisis estructural.
