El Ministerio de Educación de la Ciudad hace una adjudicación millonaria sin competencia para soporte técnico
El ministerio de educación gasta en consultorías, no en educación
El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires aprobó la preadjudicación de una contratación directa por $2.700 millones a la empresa Espin-Labs S.R.L. para brindar servicios de soporte técnico y consultoría en el desarrollo de módulos e integración de sistemas. La decisión, oficializada en el Boletín Oficial, genera dudas sobre la falta de competencia en el proceso, la justificación del gasto y la transparencia de la contratación.

Según la resolución, la contratación se realizó por "conveniencia para el Gobierno de la Ciudad", pero no se detallan los motivos que justifican la elección de la firma. Además, se adjudicó a una única oferta, sin evidencia de que se hayan explorado otras alternativas más económicas o eficientes. La falta de una licitación pública impide evaluar si hubo una opción más competitiva en términos de costos y calidad del servicio.
Otro punto crítico es el elevado monto del contrato. En este contexto de ajuste y crisis económica, la erogación de más de $2.700 millones en consultoría y soporte técnico resulta cuestionable, especialmente cuando existen necesidades urgentes en infraestructura escolar y recursos para la educación pública, mientras tanto los precios de los utiles y libros escolares estan más altos que nunca.
La resolución se apoya en informes técnicos y legales que avalan la preadjudicación, pero sin brindar detalles específicos sobre el criterio de selección ni sobre el análisis de otras propuestas. La intervención de la Agencia de Sistemas de Información tampoco arroja precisiones sobre la conveniencia de la contratación directa en lugar de una licitación competitiva.
Por último, el proceso establece un plazo de impugnación de solo tres días, lo que dificulta que otras empresas o actores interesados puedan presentar objeciones o cuestionamientos. Esto reduce las posibilidades de control sobre una contratación que involucra una cifra millonaria.
La falta de competencia, la ausencia de una justificación detallada y la celeridad del proceso generan dudas sobre la transparencia y el correcto uso de los fondos públicos. Mientras se habla de ajuste y recortes, el Ministerio de Educación reparte millones sin licitación, reforzando las sospechas sobre el manejo discrecional del dinero público en la Ciudad.