Una millonaria compra de grúas por parte del Ministerio de Seguridad con irregularidades y falta de argumentos.
Que las grúas tapen las fugas.
El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires aprobó, mediante la Resolución N.º 275/SSGA/24, la adjudicación de una licitación pública para la contratación de un servicio de grúas de acarreo por un monto cercano a los 1.900 millones de pesos. Sin embargo, el gasto genera interrogantes debido a la falta de una justificación clara sobre su necesidad y prioridad en el contexto de emergencia en materia de seguridad y crisis carcelaria que atraviesa la Ciudad.
La adjudicación fue otorgada a la firma ESCALUM INVESTMENT S.A., que resultó ganadora tras un proceso en el que solo participaron dos empresas. La resolución detalla que el objetivo del contrato es la provisión de grúas para la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Atención a la Víctima, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta. No obstante, el documento oficial no explica cómo este servicio se vincula con la seguridad ciudadana ni por qué se prioriza esta adquisición en lugar de destinar recursos a otras áreas más críticas, como la mejora de las condiciones carcelarias.
El monto total de la contratación, según la resolución, supera en un 18% la estimación inicial de 1.600 millones de pesos, sin que se explique la razón del incremento. Además, el proceso licitatorio se llevó a cabo sin que se recibieran impugnaciones, pese a que una de las dos empresas participantes fue descalificada por no cumplir con requisitos administrativos.
Mientras tanto, la Ciudad enfrenta problemas graves en el sistema penitenciario, con reiteradas fugas de presos y denuncias por hacinamiento en comisarías y alcaidías. También hay déficits en el equipamiento de la Policía de la Ciudad, lo que plantea el interrogante de si la compra de grúas es una prioridad en el uso de fondos públicos.
Esta decisión del Ministerio de Seguridad reaviva las críticas sobre la falta de transparencia y planificación en la asignación del presupuesto, en un momento en el que los recursos públicos deberían enfocarse en resolver los problemas más urgentes de la seguridad ciudadana.
