Una millonaria licitación del GCBA justifica la adquisición de vehículos con la emergencia edilicia en las dependencias policiales
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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Resolución N.º 883/MSEGC/24, aprobó la Licitación Pública de Etapa Única N.º 3202-1316-LPU24 para la adquisición de patrulleros, camionetas y minibuses destinados a la Policía de la Ciudad. La compra, que se realizará bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, implica un gasto estimado de 12.980 millones de pesos. Sin embargo, la decisión genera interrogantes sobre las prioridades en materia de seguridad, dado que en paralelo el propio Ejecutivo declaró la emergencia edilicia en comisarías e instituciones penales sin una asignación presupuestaria proporcional.
El Decreto N.º 200/24 estableció la emergencia en la infraestructura de las dependencias policiales y centros de detención, reconociendo graves deficiencias en las condiciones edilicias. A pesar de esto, la licitación para la compra de vehículos no contempla mejoras en estos espacios ni una inversión correlativa para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento y trabajo en las comisarías.
Según el decreto mencionado, los Ministerios de Justicia y Seguridad fueron facultados para diseñar un plan de equipamiento que atendiera la crisis en las dependencias policiales. No obstante, la prioridad fue la adquisición de vehículos por casi 13.000 millones de pesos y pone en duda la ejecución efectiva de dicho plan, la atención a las condiciones en las que operan las fuerzas de seguridad y se alojan personas privadas de su libertad.
Además, el monto destinado a la compra de los patrulleros y minibuses contrasta con la falta de transparencia respecto a los fondos dirigidos a la infraestructura policial. No hay detalles sobre licitaciones o partidas específicas para mejorar los edificios en estado crítico, mientras que la licitación vehicular avanza con el respaldo del Ministerio de Seguridad.
El deterioro de las comisarías y centros de detención ha sido denunciado en reiteradas ocasiones por organismos de derechos humanos y trabajadores del sector, quienes advierten que la falta de inversión en infraestructura impacta directamente en las condiciones de detención y en la operatividad de la Policía de la Ciudad. Un informe de la Defensoría del Pueblo, titulado "Segundo Monitoreo de Comisarías y Alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires" y publicado en 2024, señala que la mayoría de estas instalaciones presentan deficiencias edilicias graves, incluyendo reformas improvisadas y el uso de espacios no adecuados para detenciones, como pasillos y oficinas administrativas. La asignación de recursos refleja, una vez más, la disociación entre las decisiones administrativas y las necesidades reales de la seguridad pública.
La política de inversión del Gobierno de la Ciudad pone en evidencia una preferencia clara por aumentar la cantidad de vehículos destinados a la represión, en lugar de garantizar estándares mínimos de trabajo para el personal policial y condiciones dignas para quienes se encuentran privados de su libertad. Esta decisión refuerza un modelo de seguridad basado en la movilidad y despliegue de fuerzas, dejando en segundo plano la infraestructura necesaria para un funcionamiento adecuado de las instituciones policiales y penitenciarias.
